Guanajuato.- Organizaciones civiles como UNNA y Dales Voz acusaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de exceder sus alcances al establecer un plazo de 90 días para que el Congreso de Guanajuato reforme el Código Penal en materia de aborto.

La controversia surge luego de que la Corte admitiera a trámite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, en la que se impugnan los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal estatal por considerarlos contrarios a la Constitución. El máximo tribunal notificó al Congreso local que deberá realizar las modificaciones correspondientes en un plazo que comienza a correr a partir del 15 de febrero, inicio del periodo legislativo.

Paulina Hernández Torruco, abogada y vocera de la plataforma unificada UNNA y Dales Voz, señaló que si bien la Corte tiene la atribución de declarar inconstitucionales normas, al fijar directrices específicas y un plazo para legislar estaría afectando la soberanía estatal.

“Quizás no de manera formal, porque es cierto que tiene esa atribución de declarar inconstitucionales algunas normas, pero realmente sí están excediéndose”, afirmó.

La activista argumentó que esta determinación revive el debate histórico entre federalismo y centralismo, al considerar que se trata de una visión en la que desde la capital se imponen decisiones a los estados. Citó los artículos 40, 124 y 73 de la Constitución para sostener que las facultades no concedidas expresamente a la Federación corresponden a las entidades federativas.

En contraste, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza, defendió la actuación de la SCJN y aseguró que no existe invasión de competencias.

“La Suprema Corte no está modificando nuestro Código Penal, lo que está haciendo es cumplir su función constitucional de decir cuándo una ley viola la Constitución. La decisión de cómo legislar sigue estando en manos del Congreso”, afirmó.

Pedroza sostuvo que las resoluciones del máximo tribunal son obligatorias para todos los poderes y que ello no rompe la división de poderes, sino que garantiza la supremacía constitucional. Añadió que, en caso de no reformar la legislación, el Congreso deberá asumir las consecuencias jurídicas, entre ellas la emisión formal de una declaratoria de inconstitucionalidad.

La discusión ha reactivado el debate público en Guanajuato sobre la despenalización del aborto y el alcance de las facultades de la Corte frente a la autonomía de los estados, en un contexto donde el tema sigue generando posturas encontradas en el ámbito político y social.