Guanajuato, Gto., 12 de noviembre de 2025.– Diputados del Congreso del Estado solicitaron a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato una explicación pública sobre el supuesto hackeo atribuido al grupo TelEr APT, que asegura haber sustraído información sensible de la institución y exigido un pago por rescate. Legisladores advirtieron que, de confirmarse, el hecho pondría en riesgo datos de investigaciones y de miles de víctimas.

El diputado de Morena, Ernesto Millán, fue uno de los primeros en exigir claridad sobre lo sucedido. Señaló que la Fiscalía debe explicar qué fue lo que ocurrió, cómo se vulneraron los sistemas y qué medidas de seguridad se están implementando para evitar otro ataque. “Es necesario revisar muy bien y sobre todo preguntarle al fiscal cuáles son las líneas que están adoptando para proteger de estos ciberataques; es que fue un error del hacker. Que lo pueda revisar y que nos dé cuentas”, expresó.

El legislador recordó que la Fiscalía ya había presentado fallas en su página web y que existen reportes de filtraciones internas, lo que aumenta la preocupación sobre la seguridad digital de la institución encargada de la procuración de justicia.

El diputado panista Rolando Alcántar, integrante de la Comisión de Seguridad, también pidió un diagnóstico serio sobre la vulneración y llamó a reforzar urgentemente los protocolos de protección informática. Consideró que, por la naturaleza de la información que resguarda la Fiscalía, el blindaje tecnológico debe ser prioridad absoluta. “Yo creo que sí se deben blindar muy bien las cosas y ahora le toca al investigador investigarse a sí mismo”, comentó.

El grupo TelEr APT se atribuyó el ataque y asegura tener en su poder gigas de información extraída, con la amenaza de hacerla pública si no reciben un pago. Hasta ahora, la Fiscalía no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la autenticidad del hackeo ni sobre la posible afectación a los expedientes o datos de víctimas.

Los legisladores coincidieron en que, ante la gravedad del asunto, la Fiscalía tiene la responsabilidad de aclarar los hechos, informar el nivel de riesgo para la ciudadanía y detallar las medidas que se aplicarán para garantizar la seguridad digital de los sistemas institucionales. También insistieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de ciberseguridad en todas las dependencias públicas para evitar que incidentes de esta naturaleza se repitan.