San Miguel de Allende, Guanajuato.– Un hombre identificado como Luis Fernando “N” fue sentenciado a 14 años y 8 meses de prisión por extorsionar al propietario de un restaurante en San Miguel de Allende, a quien amenazó para exigirle dinero a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), las amenazas comenzaron en diciembre de 2025, cuando el empresario recibió mensajes telefónicos y a través de redes sociales de personas que se identificaban como integrantes de un grupo criminal.

Los responsables exigían una fuerte cantidad de dinero y advertían que podrían causarle daño si se negaba a pagar. Las intimidaciones aumentaron cuando varios sujetos acudieron personalmente al despacho de la víctima.

Posteriormente, mediante nuevos mensajes, le indicaron que debía entregar una primera parte del dinero exigido en el estacionamiento de una plaza comercial.

Fue detenido cuando acudió a cobrar la extorsión

Ante las amenazas, el restaurantero aceptó acudir al lugar acordado. Sin embargo, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desplegaron un operativo que permitió detener a Luis Fernando “N” cuando se presentó para recoger el efectivo.

Tras la detención, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto integró diversas pruebas, entre ellas análisis de información, diligencias de investigación y registros fotográficos que permitieron acreditar su participación en el delito.

Recibe condena de 14 años y 8 meses de prisión

Mediante un procedimiento abreviado, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra Luis Fernando “N” por el delito de extorsión agravada.

Además de la pena de prisión, el juez le impuso una multa y ordenó la suspensión de sus derechos político-electorales durante el tiempo que dure la condena.

La Fiscalía informó que la reparación del daño a la víctima quedó cubierta.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a denunciar los casos de extorsión para facilitar la intervención de las autoridades y evitar que las amenazas pongan en riesgo la integridad, el patrimonio y las actividades económicas de las víctimas.