Guanajuato, Gto., 25 de febrero de 2026. Con el respaldo de las fracciones del PAN y PRD, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó dos dictámenes enfocados en fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes: la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo y la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.

La primera iniciativa reconoce la violencia vicaria como una forma específica de violencia de género distinta a la violencia familiar, en la que el agresor utiliza a hijas e hijos para dañar emocionalmente a la madre, buscando romper el vínculo materno-filial.

Durante la discusión, la diputada Susana Bermúdez Cano explicó que esta modalidad no solo afecta a las mujeres, sino que vulnera el interés superior de la niñez, al someter a menores a dinámicas de manipulación, amenazas, sustracción y violencia psicológica. Citó datos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria que señalan que el 81% de las mujeres víctimas han sido separadas de sus hijas e hijos y el 76% ha recibido amenazas de no volver a verlos.

En el mismo sentido, se aprobó la iniciativa presentada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que establece la inscripción obligatoria en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales para quienes cuenten con sentencia firme por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Al posicionarse a favor, la diputada Jared González Márquez señaló que el registro no constituye una pena adicional, sino una herramienta preventiva para evitar la reincidencia y proteger la integridad de la niñez. Explicó que permitirá verificar la idoneidad de personas que busquen desempeñarse en espacios donde exista contacto con menores.

Por su parte, Susana Bermúdez subrayó que la medida prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes y no resulta desproporcionada, al aplicarse únicamente a personas con sentencia ejecutoriada.

Asimismo, la Comisión avaló una reforma impulsada por PAN y PRD para establecer en el Código Penal que, en delitos cometidos contra menores de edad, deberá prevalecer siempre el interés superior de la niñez en cualquier resolución judicial.

Con estas aprobaciones, las fuerzas legislativas que respaldaron los dictámenes señalaron que se fortalece el marco jurídico estatal para prevenir la violencia, cerrar espacios de impunidad y garantizar mayor protección a mujeres y menores en Guanajuato.