Guanajuato, Gto.— Morena solicitará la comparecencia de la secretaria de Honestidad del Estado, Arcelia González González, ante el Congreso de Guanajuato, luego de que dicha dependencia archivara la investigación relacionada con el caso conocido como “Casa Azul”, presuntamente vinculado al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

La diputada local Hades Aguilar Castillo anunció que promoverá la comparecencia para que la funcionaria explique los motivos por los cuales se cerró un expediente considerado emblemático en materia de presunta corrupción.

De acuerdo con la legisladora morenista, el caso involucraba una posible triangulación de empresas que, afirmó, debió ser investigada a fondo por la Secretaría de Honestidad, en lugar de concluir que no existían irregularidades.

“Se trata de una triangulación de empresas que debió ser rastreada. No basta con decir que ‘no se vio nada’ o que ‘no hubo nada’. Por eso solicitaré la comparecencia de la secretaria, para que dé la cara ante la ciudadanía de Guanajuato”, señaló Aguilar.

La diputada también cuestionó los señalamientos éticos y políticos que pesan sobre la titular de la Secretaría de Honestidad, al señalar que de manera paralela a su cargo en el gabinete estatal, busca obtener un fiat notarial, lo que —dijo— pone en duda la independencia y credibilidad de la institución encargada de combatir la corrupción.

“Es un escándalo político y ético. Resulta preocupante que se cierre un caso sin una investigación exhaustiva, justo cuando la ciudadanía exige claridad sobre el patrimonio del exgobernador. Sería muy grave que este carpetazo estuviera motivado por intereses personales”, sostuvo.

Hades Aguilar recordó que, según investigaciones periodísticas, el 17 de diciembre de 2024 la Secretaría de Honestidad archivó el expediente relacionado con la propiedad conocida como “Casa Azul”, ubicada en The Woodlands, Texas, la cual pertenece al publirrelacionista Daniel Esquenazi, vinculado a la empresa Seguritech, proveedora del Gobierno de Guanajuato durante tres administraciones panistas, con contratos que superan los 12 mil millones de pesos.

El argumento oficial para cerrar el caso fue que Esquenazi no figura formalmente como contratista ni aparece en los certificados de Seguritech registrados ante la Secretaría de Economía. Sin embargo, la diputada calificó estas justificaciones como insuficientes y evasivas, y subrayó que la autoridad debió investigar la red de empresas relacionadas.

“Las y los guanajuatenses merecen saber la verdad. No vamos a permitir que la corrupción se maquille con carpetazos ni que las instituciones públicas se utilicen como trampolines personales”, concluyó.