Ciudad de México, 8 de enero de 2026.– El control de la compra y distribución de medicamentos por parte de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) podría derivar en nuevos desabastos en el sistema público de salud, advirtió el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

El legislador señaló que, pese al cambio de administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantienen las mismas estrategias que ya fracasaron durante el ciclo de compra consolidada 2025–2026, periodo en el que —afirmó— se generaron sobreprecios, irregularidades y actos de corrupción por alrededor de 15 mil millones de pesos, además de afectar directamente a miles de pacientes que se quedaron sin medicamentos.

Birmex reconoce fallas en el abasto

En su Programa Institucional 2025–2030, publicado el pasado 6 de enero, Birmex reconoció la existencia de deficiencias operativas y logísticas en la cadena de abasto de medicamentos, las cuales vulneran la capacidad del Estado para garantizar atención médica continua y de calidad.

El documento admite limitaciones estructurales en producción, adquisición, almacenamiento y distribución de insumos estratégicos, lo que ha provocado ineficiencias en los procesos de compra y afectaciones en la disponibilidad oportuna de medicamentos en instituciones públicas como el IMSS-Bienestar.

Este reconocimiento contrasta con las declaraciones oficiales del Ejecutivo federal, que han asegurado niveles de abasto superiores al 90% e incluso cercanos al 100%, cifras que, de acuerdo con Ramírez Barba, no reflejan la realidad que enfrentan hospitales y clínicas del país.

Promesas a largo plazo y antecedentes de fracaso

Aunque Birmex proyecta alcanzar un abasto del 100% hasta el año 2029, con metas intermedias del 92% en 2026 y 95% en 2027, el diputado cuestionó la viabilidad de estas promesas frente al historial de fallas acumuladas.

Durante la compra consolidada 2025–2026 se documentaron estudios de mercado deficientes, contratación de empresas fantasma, adquisición de medicamentos sin registro sanitario y selección de proveedores sin capacidad real de abastecimiento, incluso en países como la India. Estas irregularidades llevaron a la cancelación de licitaciones y retrasos de meses en la entrega de medicamentos.

El resultado, señaló, fue un impacto directo en los pacientes, quienes tuvieron que recurrir al gasto de bolsillo o interrumpir tratamientos médicos esenciales.

Cambios sin rumbo claro

Las irregularidades derivaron en la destitución del entonces director de Birmex, Iván de Jesús Olmos, y de otros funcionarios involucrados. Actualmente, la institución está a cargo de Carlos Alberto Ulloa Pérez, cercano al círculo político de la presidenta Sheinbaum, cuya falta de experiencia técnica en el sector salud también ha generado preocupación.

Ramírez Barba advirtió que el gobierno federal insiste, por razones ideológicas, en delegar a Birmex la modernización de plantas de producción de vacunas y medicamentos esenciales, pese a antecedentes como el fracaso de la vacuna “Patria”, proyecto que no se concretó y costó alrededor de 500 millones de pesos.

Estrategias cuestionadas

El legislador también criticó esquemas como las denominadas “Rutas de la Salud”, utilizadas para la distribución de medicamentos, al carecer —dijo— de controles técnicos básicos como cadena de frío, manejo de caducidades y protocolos de seguridad. De igual forma, cuestionó la operación de las “Farmacias del Bienestar”, al considerar que funcionan como puntos improvisados que no cumplen con requisitos sanitarios indispensables.

Los propios indicadores oficiales del Programa Institucional de Birmex revelan la magnitud del problema: solo el 86% de las piezas requeridas se adjudican y apenas el 85% de las solicitudes se verifican conforme al Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Llamado a cambiar la estrategia

Finalmente, Ramírez Barba sostuvo que la centralización de las compras de medicamentos en Birmex no ha garantizado el abasto ni ha generado ahorros, sino que ha profundizado problemas de corrupción y afectado directamente a los pacientes.

“El riesgo es que se repita la historia: desabasto, sobrecostos y sufrimiento para quienes dependen del sistema público de salud”, concluyó.