Guanajuato, Guanajuato.– El PRI Guanajuato alertó que la nueva Ley de Aguas impulsada por Morena vulnera derechos históricos de los productores, pone en riesgo el patrimonio rural y centraliza el control del recurso en el Gobierno Federal. Así lo advirtieron la presidenta del Comité Directivo Estatal, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, y el secretario general, Bonifacio Rodríguez Olivares, quienes señalaron que la iniciativa representa una amenaza directa para la estabilidad económica y social del campo mexicano.

Tiscareño señaló que la propuesta rompe con el patrimonio de las familias campesinas, pues impediría heredar, vender, prestar o transferir tierras junto con el derecho al agua, lo que dejaría sin valor las parcelas. “Un terreno sin agua no vale. La concesión será temporal, no heredable y sujeta a cobro de nuevos derechos, además de quedar a voluntad del Gobierno Federal decidir si la otorga o no”, advirtió. También alertó sobre la presentación de listas de supuestos “acaparadores”, lo que —dijo— constituye un intento por justificar una ley que, en realidad, perjudicaría a quienes trabajan la tierra todos los días.

La dirigente priista expuso que la iniciativa criminaliza a los productores al condicionar las concesiones a estar al corriente con el SAT y al establecer multas que podrían llegar hasta los siete millones de pesos, además de penas de cárcel por perforar pozos, usar agua sin medidor o cambiar cultivos sin actualizar el volumen autorizado. “¿Cómo va a pagar un campesino una multa así? Esto es un despropósito. Se castiga a quienes sostienen la alimentación del país”, señaló.

A esto sumó que la propuesta prohíbe la construcción y rehabilitación de bordos de captación, infraestructura esencial para la agricultura de temporal, afectando directamente a miles de familias rurales. Además, criticó que la iniciativa concentra todo el poder de decisión en Conagua, que podría determinar a quién otorgar agua y en qué condiciones, eliminando la autonomía de productores y comunidades.

Por su parte, el secretario general del PRI Guanajuato, Bonifacio Rodríguez Olivares, también productor agropecuario, afirmó que la iniciativa desconoce la realidad del campo y permitiría dejar sin efecto decretos históricos de hasta 50 años. Explicó que los hijos de los productores tendrían que solicitar nuevamente la concesión al fallecer el titular, sin garantía de recibirla. Añadió que incluso los pozos domésticos, los abrevaderos y los sistemas de captación de lluvia deberán registrarse y obtener concesión, generando nuevos pagos, trámites y requisitos. “Quieren cobrar hasta el agua de lluvia. Es un afán recaudatorio y de control político sin precedentes”, expresó. También advirtió impactos en industrias, municipios, parques y jardines, lo que podría generar incertidumbre y retirar inversiones.

Ambos dirigentes recordaron que el campo ha sufrido recortes por 213 millones de pesos en los últimos años y la desaparición de programas de apoyo. Rechazaron que las recientes manifestaciones hayan sido impulsadas por partidos políticos y afirmaron que los campesinos se movilizaron por causas propias. “No es un tema partidista”, enfatizó Tiscareño.

Además, denunciaron el deterioro de la seguridad en carreteras como la 57, donde persisten asaltos, robo de vehículos y venta de combustible robado sin respuesta efectiva de la Guardia Nacional.

Finalmente, señalaron que la iniciativa no fue construida mediante un proceso técnico ni participativo, sino mediante mesas de trabajo realizadas “al vapor” sin representación real del campo mexicano. Rodríguez Olivares advirtió que, si la ley se aprueba antes del 15 de diciembre, como pretende el Gobierno Federal, las movilizaciones podrían intensificarse en todo el país.