Ciudad de México.— La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma que endurece castigos y eleva la sanción máxima a 42 años de prisión. La minuta fue avalada con 409 votos a favor, 33 en contra del PRI y una abstención del PAN, tras ratificar los ajustes realizados por el Senado, que incrementó las penas y descartó una reserva impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para reducir la sanción aplicable a autoridades que no denuncien actos de extorsión.

La nueva normatividad, que implica también reformas a diversos ordenamientos como el Código Penal Federal, establece que el delito de extorsión tendrá una pena base de entre 15 y 25 años de cárcel, además de multas de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA. El endurecimiento avanza según el tipo de víctima, el contexto en que ocurre el delito y la gravedad del daño provocado.

Las sanciones aumentan en situaciones específicas: de 19 a 33 años cuando la víctima sea un comerciante, empresario, industrial, agricultor, ganadero, pesquero o prestador de servicios públicos o privados; así como cuando sindicatos o asociaciones obliguen a una persona a adquirir insumos o servicios. La pena será de 20 a 37 años cuando la víctima sea una persona migrante, un menor, una mujer embarazada o un adulto mayor; o cuando el agresor tenga una relación previa de parentesco, laboral, confianza o negocio, o utilice información privada o medios electrónicos para cometer el ilícito.

Los casos más graves, con penas de 22 a 42 años, incluyen cuando existe violencia física, la participación de personas armadas, los llamados “montachoques”, o cuando el objetivo sea anular la libertad de expresión. La misma sanción se aplicará si quienes cometen el delito son servidores públicos o miembros de empresas de seguridad privada.

La reforma también incorpora delitos relacionados, como introducir o intentar introducir dispositivos electrónicos a centros penitenciarios —con penas de 6 a 12 años— y sanciones de 3 a 5 años para autoridades penitenciarias que faciliten estas acciones. Además, considera la reparación del daño como pena pública obligatoria, que deberá imponerse en toda sentencia condenatoria. Las fiscalías deberán contar con unidades especializadas, con personal capacitado, evaluado y certificado; mientras estas se integran, podrán utilizar las unidades antisecuestro.

Durante la discusión, el priista Emilio Suárez reconoció avances, pero advirtió que la reforma carece de previsiones presupuestales que fortalezcan a las policías locales, lo que puede comprometer su cumplimiento. El panista Marcelo Torres Cofiño resaltó que los cambios del Senado corrigen “errores técnicos” aprobados en San Lázaro, y criticó el trabajo legislativo del oficialismo; en tanto, Ricardo Monreal defendió que la revisión entre Cámaras es parte natural del proceso legislativo.

Aumentan penas (resumen de sanciones aprobadas)

• 10 a 20 años a autoridades que no denuncien extorsión.

• 15 a 25 años de pena base, más multa de 300–500 UMAs.

• 19 a 33 años cuando las víctimas sean comerciantes, empresarios, productores o prestadores de servicios; o cuando sindicatos coaccionen a personas.

• 20 a 37 años cuando la víctima sea migrante, menor de edad, mujer embarazada o adulto mayor, o exista relación laboral o de confianza.

• 22 a 42 años cuando haya violencia física, montachoques, participación de personas armadas, afectación a la libertad de expresión o cuando el delito sea cometido por servidores públicos o personal de seguridad privada.