Guanajuato, Gto.— El Congreso del Estado reavivó el debate sobre la despenalización del aborto con la iniciativa presentada por la diputada Sandra Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano (MC), quien propuso permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. La legisladora afirmó que regular este tema es una medida urgente de justicia social y derechos humanos, en un estado donde la criminalización persiste y la desigualdad condena a las mujeres a procedimientos inseguros.

“No busco imponer ideologías, busco justicia, dignidad y defender la salud y la vida de las mujeres y niñas de Guanajuato. Que ninguna sea criminalizada por decidir no ser madre, ni por sufrir abortos fortuitos”, señaló Pedroza durante su exposición.

La propuesta no solo busca la despenalización del aborto, sino también endurecer las penas contra quienes lo provoquen sin consentimiento y ampliar las excusas absolutorias del delito. Además, plantea garantizar que el Instituto de Salud Pública del Estado (ISAPEG) cuente con herramientas legales y protocolos definidos para ofrecer servicios seguros, gratuitos y humanizados.

Pedroza argumentó que negar el acceso a estos servicios profundiza la desigualdad y atenta contra el derecho a la salud, en especial para mujeres jóvenes y de comunidades rurales. Presentó datos que reflejan la gravedad del problema: entre 2020 y 2022, los embarazos adolescentes aumentaron 29.4% en Guanajuato, al pasar de 10.2 a 13.2 nacimientos por cada mil jóvenes de entre 10 y 17 años. En el mismo periodo, se documentaron al menos 30 casos de niñas de entre 10 y 14 años obligadas a ser madres tras sufrir abuso sexual, siendo León uno de los municipios con más registros.

El Instituto de Investigaciones Legislativas informó que esta es la octava iniciativa en 25 años que busca modificar el Código Penal en materia de aborto, todas previamente archivadas. En paralelo, el Poder Judicial Federal emplazó recientemente al Congreso del Estado y a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a justificar por qué se mantiene la penalización del aborto en la entidad, tras una demanda promovida por activistas de la Red de Acompañantes de León.

“Después de que el Congreso se negara a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, demandamos por omisión legislativa. Ahora deberán responder por qué insisten en criminalizar”, señaló Nayeli Tello, integrante del colectivo.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2019 y abril de 2025 la Fiscalía estatal abrió 150 carpetas de investigación por aborto, superando las 138 por feminicidio en el mismo periodo. La tendencia ha sido criticada por activistas y legisladores, quienes la califican como una forma de violencia institucional y una muestra de prioridades desproporcionadas.

La iniciativa de Movimiento Ciudadano revive una discusión que durante décadas ha sido bloqueada en el Congreso de Guanajuato. A pesar de la resistencia política, la propuesta ha reactivado el debate público sobre los derechos reproductivos, la salud y la dignidad de las mujeres en el estado, en un contexto nacional donde cada vez más entidades han optado por la despenalización.