En la primera sesión ordinaria del segundo año de ejercicio legal de la 66 Legislatura, el Congreso del Estado aprobó la Minuta Proyecto de Decreto enviada por el Senado de la República para reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión.

La reforma busca dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir una Ley General que unifique criterios, establezca sanciones y defina mecanismos de atención a este delito que, según los legisladores, ha pasado de ser un fenómeno aislado a convertirse en un problema estructural que afecta a familias, comerciantes y empresarios en todo el país.

En tribuna, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia destacó que tan solo en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión en México, lo que representa un incremento del 83 por ciento en la última década. Señaló que las instituciones requieren leyes sólidas para enfrentar de manera eficaz este delito y advirtió que al momento de legislar debe respetarse la soberanía de las entidades y evitar la concentración de poder en el oficialismo.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks sostuvo que la extorsión es una de las conductas delictivas que más atentan contra la tranquilidad y la dignidad de las personas, además de inhibir la inversión y paralizar actividades económicas. Subrayó que los grupos criminales han convertido la extorsión en un mecanismo sistemático de control social y económico, reflejo de un Estado que ha dejado de proteger adecuadamente a la ciudadanía.

Por su parte, el legislador Alejandro Arias Ávila respaldó la reforma y recalcó que la impunidad es el terreno fértil para el crecimiento de estas prácticas, recordando que según la ENVIPE 2024, el 97 por ciento de los casos de extorsión no se denuncian. Subrayó la urgencia de una legislación integral que combata las causas y consecuencias del problema, e hizo énfasis en que la educación, la denuncia ciudadana y el fortalecimiento del sistema judicial son elementos clave para erradicar este delito.

El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor alertó sobre el crecimiento alarmante de la extorsión en Guanajuato, al pasar de solo 10 víctimas en 2015 a más de mil 200 en 2024, cifra que coloca a la entidad entre las de mayor incidencia en el país. Consideró que la aprobación de la reforma es un paso indispensable para generar respuestas eficaces y coordinadas.

Finalmente, Rodrigo González Zaragoza afirmó que la extorsión lacera a comunidades enteras y que es responsabilidad de los legisladores dotar de herramientas a las corporaciones de seguridad para enfrentarla de manera inteligente y coordinada. Subrayó que el combate al crimen debe realizarse de frente, con eficacia, y bajo un esquema que permita avanzar hacia la pacificación de México y de Guanajuato.