En medio del debate generado por la aprobación de una auditoría al Municipio de León, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Espadas Galván, aclaró que es falso que el Congreso del Estado haya rechazado una auditoría al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Explicó que los asuntos que se comparan corresponden a procedimientos completamente distintos y que, en el caso del exmandatario estatal, los temas señalados ya habían sido objeto de auditorías previamente aprobadas por el propio Congreso.

Espadas señaló que la auditoría al Municipio de León no surgió de una decisión improvisada ni de una confrontación política. Recordó que existían diversas solicitudes presentadas por legisladores de oposición, entre ellos diputados de Morena y el entonces diputado del Partido Verde, Sergio Contreras, las cuales fueron tramitadas conforme a lo que establece la ley.

Las solicitudes fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, donde se analizaron, se elaboró el dictamen correspondiente y, posteriormente, fueron sometidas a consideración del Pleno del Congreso, donde obtuvieron el voto de la mayoría de las y los diputados.

Por ello, aseguró que hablar de persecución política resulta incorrecto, ya que el procedimiento seguido fue el mismo que establece la legislación para cualquier solicitud de auditoría.

En contraste, explicó que el tema relacionado con el exgobernador Diego Sinhue no consistía en una nueva solicitud de auditoría sustentada en un procedimiento legislativo, sino en un exhorto que no generaba efectos jurídicos y que, además, pretendía revisar asuntos que ya habían sido auditados por la Auditoría Superior del Estado, como ocurrió con casos relacionados con FIDESSEG y Guanajuato Leasing.

"Una cosa es solicitar una auditoría siguiendo el procedimiento legal y otra muy distinta presentar un exhorto sobre temas que ya fueron revisados. No podíamos aprobar algo que jurídicamente no tenía efectos y que duplicaba auditorías ya realizadas", explicó.

El legislador insistió en que la transparencia no debe utilizarse como bandera política ni aplicarse de manera selectiva.

"Cuando algunos pedían auditorías hablaban de transparencia; hoy que la revisión alcanza a otro gobierno hablan de persecución. La rendición de cuentas debe aplicarse igual para todos", sostuvo.

Espadas reiteró que una auditoría no representa una condena anticipada para ninguna administración. Su función es revisar el manejo de los recursos públicos, aclarar cualquier duda y ofrecer certeza a la ciudadanía.

"Si todo está conforme a la ley, la propia auditoría lo demostrará. Y si existen irregularidades, serán las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades", afirmó.

El coordinador panista subrayó que el Congreso tiene la obligación constitucional de fiscalizar el uso del dinero público sin importar quién gobierne.

Porque al final, dijo, los recursos no pertenecen a los partidos políticos ni a los gobiernos en turno, pertenecen a las familias de Guanajuato, y ellas tienen derecho a saber cómo se administra cada peso de sus impuestos.